Fue a través de un decreto, que revocó una resolución de 2015 que obligaba a la empresa del multimillonario empresario a pagar esa suma
Un decreto presidencial, publicado este lunes en el Boletín Oficial, dejó sin efecto una resolución del exMinisterio de Agricultura, que en 2015 había rechazado un recurso contra una demanda de la Aduanade una deuda fiscal por exportaciones de 70,7 millones de dólares.
La Administración Nacional de Aduanas le había iniciado un reclamo a Molinos, la empresa procesadora de alimentos y exportadora de granos de Pérez Companc, por una diferencia de tributos que resultaría de aplicar un aumento de alícuotas dispuesto por el Estado a fines de 2007.
En 2008, Cristina Kirchner dispuso que el aumento la alícuota para las exportaciones establecido en noviembre de 2007 sea retroactivo para las ventas registradas pero que aún se encontraran pendientes de embarque.
Para no tener que pagar, los exportadores debían acreditar la tenencia de los bienes a ser exportados, que se habían registrado en las declaraciones juradas de venta al exterior –DJVE-. Molinos asegura haber recibido cargos por DJVE sobre los cuales puede acreditar la mercadería de diciembre de 2008 a septiembre de 2017, según consignó en su último balance anual.
